“Ninguna persona en condición irregular puede permanecer en el país.” Lo dice el gobierno. Lo repiten sus voceros. Lo celebran quienes aplauden las redadas. Pero, mientras tanto, ese mismo gobierno ejecuta un proyecto oficial dirigido precisamente a registrar, capacitar e integrar a quienes no tienen documentos. No es un rumor ni una filtración. Es un acuerdo firmado y financiado con una donación de 4.6 millones de dólares del Banco Mundial.
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